El proyecto modifica el Código de Faltas del Tránsito de Santa Fe, endurece las sanciones y alcanza también a quienes organizan y promueven estas actividades.
El senador provincial Esteban Motta presentó un proyecto de ley que modifica la Ley 13.169 (Código de Faltas del Tránsito de Santa Fe) para prevenir y sancionar las picadas y las maniobras vehiculares riesgosas organizadas en la vía pública, una problemática que se repite en distintas localidades del departamento San Martín.
La iniciativa refuerza las sanciones por competencias, desafíos o pruebas de velocidad o destreza no autorizadas y crea una figura específica para las maniobras riesgosas organizadas, que alcanza no sólo a quien conduce sino también a quien organiza, convoca, promueve, dirige o facilita de manera esencial la actividad. Además, habilita el uso de evidencia tecnológica y digital obtenida lícitamente —publicaciones públicas, fotografías, videos o registros de videovigilancia—, con garantías para el derecho de defensa.
El proyecto también establece la responsabilidad solidaria de padres, tutores o responsables legales cuando quien comete la infracción sea menor de edad.
Las sanciones previstas
Picadas, desafíos o pruebas no autorizadas: multa e inhabilitación para conducir de 3 meses a 2 años. Si el vehículo fue especialmente preparado, el máximo de la multa puede elevarse al doble dentro del límite legal.
Organización o promoción de maniobras riesgosas: multa para quien organice, convoque, promueva, dirija o facilite de forma esencial la actividad.
Conducción durante la actividad riesgosa: multa e inhabilitación para conducir de 30 días a 1 año.
Los datos
En 2024 se registraron 367 víctimas fatales viales en la provincia de Santa Fe: 152 eran motociclistas, el 41% del total. En 2023, el grupo de 15 a 34 años concentró el 42,2% de las personas fallecidas en siniestros viales. En el plano local, El Trébol informó 48 secuestros de motovehículos entre enero y febrero de 2026, principalmente por infracciones vinculadas a seguridad y convivencia.
La propuesta no alcanza a quienes utilizan la motocicleta para trabajar, estudiar, trasladarse o recrearse de manera responsable, ni a las actividades deportivas autorizadas. Si un hecho configura un delito, seguirá correspondiendo la intervención de la justicia penal.
